Psicología forense en los casos de custodia de menores: fundamentos, desafíos y buenas prácticas

Introducción

Una de las áreas más complejas de la psicología jurídica son precisamente los procesos de custodia de menores, ya que tienen un impacto psicológico y social sobre los niños y sus familias. Como perito especializado, el psicólogo forense ofrece al tribunal información científica sobre las dinámicas familiares, la calidad de los vínculos afectivos y la capacidad de los progenitores para satisfacer las necesidades del menor (Gould y Mulchay, 2023).

El objetivo no es decidir “quién es mejor progenitor”, sino garantizar el interés superior del menor, ya que esto es un principio rector en toda decisión judicial sobre custodia (Nielsen, 2018). Es por esto que realizar valoraciones psicológicas rigurosas, neutrales y contextualizadas resulta fundamental en estos casos, con la intención de facilitar al juez la toma de decisiones informadas y protectoras.

Marco conceptual

El principio del interés superior del menor

Como marca la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), las decisiones que afecten a un menor deben priorizar su bienestar físico, emocional y social. La psicología forense busca respetar el principio del interés superior del menor de forma observable y evaluable, evitando interpretaciones subjetivas (Saunders, 2015).

Psicología forense y evaluación de custodia

En los casos de custodia, el perito forense debe evaluar la competencia parental, la calidad del vínculo con el menor, la exposición a conflictos o violencia y el ajuste emocional del niño (Gould y Mulchay, 2023).

Tipos de custodia y efectos psicológicos

Existen distintos tipos de custodia —exclusiva, compartida o alterna— pero la custodia compartida se asocia a mejores indicadores de ajuste infantil y bienestar psicológico según los estudios —siempre que no exista violencia ni conflicto grave— (Nielsen, 2018).

Factores clave en la evaluación forense de custodia

1. Violencia de pareja e intrafamiliar

Uno de los riesgos para el bienestar infantil es la presencia de violencia física, psicológica o coercitiva entre los progenitores (Saunders, 2015). La evaluación forense debe identificar y tener en cuenta tanto las agresiones manifiestas como dinámicas de control o intimidación encubierta (Moon et al., 2020).

2. Interferencia o alienación parental

La lealtad dividida que se genera cuando un progenitor interfiere en la relación del menor con el otro puede resultar en una angustia significativa para el menor. Es por esto que la persona evaluadora debe tener en cuenta los indicadores de manipulación emocional y los efectos sobre la autonomía del menor (Lynch, 2015).

3. Competencia parental y vínculo afectivo

La valoración de la capacidad parental incluye la sensibilidad, empatía, regulación emocional y disponibilidad del adulto para satisfacer las necesidades del menor. Por eso, la observación estructurada de interacciones entre progenitor/a e hijo/a es una técnica clave (Gould y Mulchay, 2023).

4. Bienestar y ajuste del menor

Múltiples estudios afirman que el tipo de custodia influye en la salud mental infantil. Como ejemplo, investigaciones realizadas en contextos nórdicos han encontrado que los menores en custodia compartida presentan menores índices de problemas emocionales y de conducta (Bergström et al., 2021).

5. Procedimiento y ética de la evaluación forense

Es importante que la evaluación se sustente en entrevistas, pruebas psicométricas, observaciones y fuentes colaterales, documentando todo el proceso de forma transparente (Gould y Mulchay, 2023). La profesional debe actuar con neutralidad, evitando sesgos de género, de clase o de orientación parental (Saunders, 2015).

Retos y dilemas en la práctica profesional

• Alta conflictividad familiar: las evaluaciones se desarrollan en contextos de estrés y hostilidad, lo que puede distorsionar la información (Moon et al., 2020).

• Formación insuficiente: es importante que la persona evaluadora tenga experiencia con temáticas de violencia de pareja o dinámica de abuso infantil (Saunders, 2015).

• Sesgos en la interpretación: creencias erróneas sobre denuncias falsas o sobre la “neutralidad” absoluta pueden influir en la objetividad del informe.

• Tensión ética: el psicólogo forense debe mantener la neutralidad y priorizar la protección hacia el menor.

• Presión judicial: los plazos legales y la necesidad de informes rápidos pueden limitar la profundidad del análisis (Lynch, 2015).

Conclusión

La psicología forense cumple un papel muy importante en los procesos de custodia de menores con sus evaluaciones imparciales y basadas en la evidencia científica. El objetivo es garantizar el bienestar integral del menor a través de la evaluación de las capacidades parentales, los vínculos afectivos y los riesgos existentes.

Referencias

Bergström, M., Fransson, E., Hjern, A., Köhler, L., y Wallby, T. (2021). Mental health in joint physical custody and sole parental care: A cross-sectional study of children in Sweden. BMC Public Health, 21(1), 1176. https://doi.org/10.1186/s12889-021-11180-7

Gould, J. W., y Mulchay, C. (2023). Child custody evaluations. In N. Brewer y A. D. Redlich (Eds.), The Oxford handbook of psychology and law (pp. 245–267). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199873591.013.0014

Lynch, R. M. (2015). Unmasking the abuse: Psychological defenses in child custody disputes. Journal of Child Custody, 12(4), 307–324. https://doi.org/10.1080/15379418.2015.1097085

Moon, D. S., Lee, M. H., Chung, D. S., y Kwack, Y. S. (2020). Custody evaluation in high-conflict situations focused on domestic violence and parental alienation syndrome. Journal of the Korean Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 31(2), 66–73. https://doi.org/10.5765/jkacap.200002

Nielsen, L. (2018). Joint versus sole physical custody: Outcomes for children independent of family income or parental conflict. Journal of Child Custody, 15(1), 35–54. https://doi.org/10.1080/15379418.2018.1425108

Saunders, D. G. (2015). Research-based recommendations for child custody evaluation practices and policies in cases of intimate partner violence. Journal of Child Custody, 12(1), 71–92. https://doi.org/10.1080/15379418.2015.1037052

Sheila Odena Galcerán

Neuropsicóloga Forense (Nº de Colegiada 30681) y Mediadora.