¿Qué tiene de diferente?

Como quizás ya sabes, la Neuropsicología es una de las muchas ramas de la Psicología, igual que lo son la Psicología Jurídica y Forense, entonces ¿por qué tanto lío? ¿para que las mezclan?

En resumen, para que puedas entender qué diferencia un informe en el que participe una persona especializada en Neuropsicología te diré que, mientras la psicología se centra en el estudio de la conducta humana, la neuropsicología estudia la relación entre el cerebro y los procesos cognitivos y conductuales. Por lo tanto, la Neuropsicología Forense, se especializa en la evaluación de las funciones cognitivas y conductuales en personas que presentan daños o disfunciones cerebrales. Su objetivo es determinar cómo las lesiones cerebrales, trastornos neurológicos o neurodegenerativos afectan la capacidad de la persona para entender, recordar, planificar, o controlar su comportamiento dentro de un contexto legal.

Es decir, cualquier profesional de la psicología forense puede realizar un buen informe pericial, independientemente de las otras ramas en las que se haya formado pero, si la persona peritada está afectada por daño cerebral (por Ictus, Traumatismo Craneoencefálico, etc.) o un trastorno neurológico (cualquiera que afecte a las funciones cognitivas y conductuales como trastornos del desarrollo, demencia, psicosis, etc.) el juez puede dar más valor a la evaluación realizada por una persona especializada en este campo.

¿En qué casos se precisa una evaluación Neuropsicológica?

Su enfoque especializado permite identificar cómo estos factores neurológicos influyen en la capacidad de una persona para actuar dentro de un marco legal, tanto penal como civil. Los informes de neuropsicólogos son cruciales en casos donde el daño cerebral puede afectar la responsabilidad penal, la capacidad civil, o el grado de discapacidad de una persona. Por lo tanto, podemos beneficiarnos de este tipo de informe en distintos casos, dependiendo del marco jurídico.

En derecho penal

En derecho civil

En derecho de familia

• Incapacitaciones/Interdicciones.

• Capacidad para testar.

• Daños y secuelas por accidentes laborales.

• Incapacitación laboral.

• Necesidad de asistencia.

• Valoración del grado de discapacidad.

• Capacidad para asumir decisiones patrimoniales o testamentarias.

• Capacidad de personas mayores para gestionar bienes o firmar documentos.

• Secuelas cognitivas en víctimas de violencia.

• Imputabilidad relacionada con trastornos neurológicos.

• Capacidad para participar en el proceso judicial.

• Secuelas cognitivas tras una lesión cerebral.

• Simulación de síntomas cognitivos o conductuales.

• Capacidad para ejercer la patria potestad o custodia.

• Evaluación de la idoneidad parental en casos de discapacidad o trastornos neurológicos.

• Capacidad para tomar decisiones legales en nombre de menores o personas bajo tutela.

• Capacidad de decisión de los menores con trastornos del desarrollo.

• Capacidad para ser tutor o curador.

• Capacidad mental en casos de disputas por incapacitación.

• Evaluación de abuso o negligencia en contexto familiar.